El regulador cree que la extensión de licencias a Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil dañará la competencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que carga duramente con el proyecto del Ejecutivo para extender las licencias de espectro de los operadores de telecomunicaciones durante 10 años, una medida que creará un “posible cierre del mercado”, según el regulador.
El Gobierno ha tomado varias medidas en los últimos tiempos con el objetivo de facilitar la situación de los grandes operadores de telecomunicaciones en el país en un intento de incentivar las inversiones para la llegada del 5G a todo el territorio. Una de estas medidas es la ampliación de la duración de las licencias de espectro, un recurso costoso y escaso que posibilita prestar los servicios móviles. En España, los operadores que tienen estas licencias son Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil.
Anteriormente, estas licencias (que el Gobierno concede en subastas y, por lo tanto, son, a su vez una fuente de ingresos públicos) se otorgaban en plazos de unos 20 años, sin embargo la última Ley de Telecomunicaciones ya fija que las nuevas concesiones podrían ascender a 40 años, tal y como ya ha ocurrido en las últimas subastas para el 5G. Para los operadores, el negocio mejora considerablemente, ya que, por el mismo pago, cuentan con una concesión por el doble de tiempo, lo que más allá del ahorro económico también imposibilita la pérdida de la licencia ante una empresa rival en una nueva subasta.
No obstante, el guiño a los operadores no terminó ahí e incluyó una disposición que abría un plazo de dos meses para que estas empresas solicitaran una prórroga de hasta diez años de sus licencias en vigor, algo que, obviamente, todas han pedido. La vía para conceder esta prórroga son una serie de órdenes ministeriales, una por operador, del departamento dirigido por Nadia Calviño que son precisamente las que han provocado el conflicto con la CNMC.
El informe del regulador es muy crítico tanto con las formas como con el fondo de la medida. En primer lugar, la entidad dirigida por Cani Fernández critica duramente al Ministerio por no esperar a que el regulador tenga acceso a las aportaciones de la consulta pública abierta al respecto antes de tener que emitir su informe, así como la falta de análisis y justificación de los textos normativos para conceder las prórrogas.
En cuanto al fondo, el regulador subraya que, con su medida, el Ejecutivo incrementaría entre el 23 y el 69% las concesiones otorgadas a estos operadores, lo que llevaría aparejados “efectos negativos sobra la competencia”. El cambio en las condiciones beneficia sin duda a los operadores que adquirieron las frecuencias, ya que dispondrán de un plazo mayor para explotarlas, y perjudica a aquellos agentes interesados en adquirir espectro en el medio plazo”, señala el informe. En la práctica, el movimiento del Ejecutivo aplaza el vencimiento de un gran número de frecuencias que tendrían que salir a subasta en 2030 a 2040.