EL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL NOS DEJA EL SIGUIENTE TITULAR: “La Ley General de Telecomunicaciones es una reforma del Plan de Recuperación asociada al componente “Conectividad, 5G y Ciberseguridad”, que prevé una inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad de alta velocidad al 100% de la población, desarrollar el 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad.”
Con ocasión de la declaración de la pandemia por COVID-19, se ha demostrado que las telecomunicaciones no solo garantizan la prestación de servicios necesarios como el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, sino que también favorecen a sectores como la industria de los contenidos, el almacenamiento y procesamiento de datos en la nube.
Se ha elaborado una normativa legislativa, actualmente aprobada sólo por el Congreso de los Diputados, que pretende incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
PRINCIPALES NOVEDADES
El proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, cuya finalidad es contribuir a alcanzar el objetivo de garantizar conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2021.
Esta normativa, introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como: una regulación más flexible para los acuerdos de coinversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) –tan necesarias para el 5G–, con muchas menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.
También se han incorporado las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea que permitirá una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.
Se prevé que, por primera vez, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. Así como también, se exige un aumento de la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en que se prestarán los servicios.
El texto alcanza también al ámbito de los cables submarinos, pues se prevé un régimen para la instalación o explotación de éstos, cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.
MEJORAS PARA LOS USUARIOS
Se refuerzan los derechos de los usuarios, pues, entre otre otras mejoras, como hemos señalado antes, se prevé una mayor transparencia en los contratos. La duración de éstos ahora se limita a 24 meses para permitir que el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización.
En el ámbito de la portabilidad, también se introducen nuevos derechos en beneficio de los usuarios, tales como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.
También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, pues se introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos.
El Proyecto de Ley obliga a garantizar que el acceso a las comunicaciones electrónicas permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, etc.
Se refuerza la libertad de elección del usuario para contratar con el operador que quiera. Se fija la velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha a mayores velocidades posibles, y como mínimo de 30 Mbps.
En lo relativo a los servicios de emergencia, se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas que hagan uno de esta llamada. Se prevé implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso, de forma que los operadores de telecomunicaciones deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
ASÍ PUES,
Parece que se avecina una mejora en el sector de las telecomunicaciones, aunque aun está pendiente de decisión por parte del senado, cuya fecha límite de tramitación por esta cámara está fijado en fecha 26 de mayo de 2022.
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